La Unión Europea tiene en su agenda reducir el consumo de plástico en un 55% para el año 2030, y cada país miembro debe implementar una ley para cumplir esta meta. De todos los países de la Unión Europea, solamente España e Italia se marcaron medidas concretas. Sin embargo, Italia ha decidido retirarse de esta iniciativa después de las últimas elecciones y la entrada de la ultraderecha en el gobierno. España, por otro lado, sigue adelante con la implementación de esta ley que entrará en vigor en 2023.

La ley establece un impuesto de 0,45€ por kilogramo para todo plástico de un solo uso, solo está exento el plástico reciclado y que sea para más de un uso, además de los productos farmacéuticos que también gozan de esta exención.

Esta ley también ha generado preocupaciones en cuanto a la burocracia y la infraestructura necesaria para su implementación. El BOE definitivo se publicó el 30 de diciembre de 2022 para cumplir con la fecha de implementación en 2023, pero aún no se ha presentado un modelo de inventario claro. Esto ha generado una moratoria en la presentación de la documentación hasta julio. El pago del impuesto, sin embargo, se deberá efectuar de inmediato. El sector, en general, se preocupa por la falta de información y los costos adicionales que se generarán.

En mi opinión, esta medida no es la manera adecuada de reducir el consumo de plástico. Se necesitan incentivos para el consumo de plástico reciclado, en lugar de penalizar su uso. Además, esta ley añade un gasto burocrático y de infraestructura sin una clara comprensión de cómo aplicarla, lo que aumenta los costos para todos, tanto si se recicla como si no. Otros países de la Unión Europea, no aplican esta ley, lo que genera preocupaciones sobre su verdadera finalidad.