El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado este 1 de agosto de 2025 la anulación de la clasificación del dióxido de titanio (TiO₂) como sustancia carcinógena por inhalación cuando se presenta en forma de polvo con al menos un 1 % de partículas de diámetro aerodinámico igual o inferior a 10 µm.
Antecedentes
-
En 2016, la agencia francesa ANSES propuso a la ECHA clasificar el dióxido de titanio como carcinógeno (categoría 1B) por inhalación FieldfisherCuria.
-
En 2017, el Comité para la Evaluación del Riesgo (CER) de la ECHA consideró justificable la clasificación, comprometiendo su peligro para la salud CuriaFieldfisher.
-
Basándose en ese dictamen, la Comisión Europea adoptó en 2019 el Reglamento Delegado 2020/217, que etiquetaba TiO₂ como sospechoso de ser carcinógeno al inhalarse en polvo con partículas pequeñas.
El Tribunal General dictó en una sentencia del 23 de noviembre de 2022 y anuló dicha clasificación, argumentando que:
-
La Comisión cometió un error manifiesto al evaluar la fiabilidad de los estudios científicos en que se basó la clasificación.
-
La clasificación aplicada no se limitaba a una propiedad intrínseca de la sustancia, sino a condiciones específicas (forma, tamaño, concentración, sobrecarga pulmonar), lo cual no se ajusta al Reglamento CLP.
Confirmación del TJUE (agosto 2025)
El Tribunal de Justicia desestimó los recursos de apelación interpuestos por Francia y la Comisión, validando así la anulación. Reconoció que, aunque el Tribunal General se excedió en su revisión judicial, la anulación de la clasificación está justificada, ya que el CER no consideró todos los factores relevantes.
Estas son las implicaciones de la sentencia
-
La industria del dióxido de titanio celebra esta resolución como una victoria significativa, tanto en lo legal como en lo técnico, pues establece límites al tipo de comprobación judicial que pueden hacer los tribunales frente a decisiones basadas en complejos análisis científicos.
-
Por otro lado, diversas voces del sector público y asociaciones de consumidores consideran que este fallo podría debilitar la capacidad reguladora de la UE frente a sustancias potencialmente peligrosas.