El sector de la perfumería y la cosmética, junto a la industria farmacéutica, encara un escenario de fuerte "incertidumbre regulatoria, técnica y económica" debido a la implantación de la Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas. Así lo han manifestado en un comunicado conjunto las siete principales patronales de ambos sectores en España, entre las que se encuentra Stanpa, tras el cierre de la consulta pública previa del Anteproyecto de Ley con el que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico transpondrá la norma europea a la legislación nacional.
El polémico modelo de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)
Aunque los sectores firmantes reiteran su firme compromiso con la sostenibilidad y la salud pública, objetivos compartidos con la norma europea para combatir la microcontaminación del agua, rechazan de forma categórica el diseño actual del sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Bajo los criterios vigentes, se traslada el grueso de la factura financiera de la depuración avanzada exclusivamente a las industrias cosmética y farmacéutica.
Las patronales denuncian que las metodologías utilizadas son sesgadas y carecen de un vínculo causal sólidamente acreditado. Sostienen que el marco actual adolece de profundas limitaciones técnicas, utiliza datos incompletos y, de forma injustificada, ha excluido del foco de la RAP a otras sustancias y sectores productivos que generan un impacto medioambiental equivalente o superior en las aguas urbanas.
Una horquilla millonaria e impredecible
Uno de los puntos que genera mayor desconcierto en los departamentos financieros del sector beauty es la enorme disparidad en las previsiones económicas, lo que impide cualquier tipo de planificación estratégica a medio plazo. "La falta de definición de las zonas de riesgo y las diferencias metodológicas entre estudios de impacto dificultan identificar tanto el alcance como el coste real", advierten las asociaciones.
La brecha en las estimaciones es alarmante: mientras que los estudios de impacto oficiales de la Unión Europea cifraban el coste global de la implantación de los sistemas de tratamiento cuaternarios en unos 1.160 millones de euros, otros análisis independientes y sectoriales elevan la factura real hasta los 6.920 millones de euros. Esta volatilidad y falta de concreción técnica coloca a las empresas en un escenario de total vulnerabilidad financiera.
Un pulso judicial que ya se libra en Europa
La ofensiva de la industria cosmética y farmacéutica española coincide con un momento de máxima inestabilidad jurídica en el territorio comunitario. La validez del régimen de la RAP está siendo cuestionada legalmente en varios frentes: Polonia ya ha presentado un recurso formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), mientras que el Tribunal Superior de Irlanda ha elevado una cuestión prejudicial para revisar la legalidad de este gravamen.
Ante esta coyuntura, Stanpa y el resto de los firmantes (Aelmhu, AESEG, Anefp, AseBio, BioSim y Farmaindustria) exigen al Gobierno español que la transposición de la directiva no actúe de forma ciega. Reclaman la creación de un sistema nacional flexible, revisable y dinámico, que sea capaz de adaptarse y modularse a medida que avancen los fallos judiciales del TJUE, las nuevas directrices metodológicas que emita Bruselas y los datos que aporte la propia experiencia práctica.
El tejido industrial de la cosmética reclama certidumbre y proporcionalidad. De lo contrario, advierten, un marco normativo opaco y con costes desorbitados terminará restando músculo a la innovación y al liderazgo internacional del sector del cuidado personal en España.