La presión de los partidos más conservadores de Europa frena y hace retroceder la lucha contra el greenwashing. La Comisión Europea anunció el viernes 20 de junio su intención de retirar la ley contra el greenwashing que había impulsado en marzo de 2023. Esta normativa buscaba poner fin y sancionar a aquellas empresas que utilizan afirmaciones medioambientales no verificadas para aparentar ser más sostenibles. En ese momento, la Unión Europea explicó que el 50 % de las afirmaciones de sostenibilidad realizadas por las empresas eran falsas o carecían de base científica.
Desde su presentación, la directiva siguió el proceso legislativo habitual: el Parlamento Europeo aprobó su posición, al igual que los Estados miembros en el Consejo de la Unión Europea. A partir de ese punto, la Comisión, el Parlamento y el Consejo iniciaron un diálogo institucional que se ha prolongado durante más de un año para intentar alcanzar una posición común.
Según informa eldiario.es, tras dos reuniones y a la espera de una tercera, que finalmente no se celebró, hace poco más de una semana se desató la alarma ante una situación insólita: la retirada de la propuesta legislativa. Aunque ninguna de las tres instituciones implicadas ofreció declaraciones oficiales, el Partido Popular Europeo envió una carta en la que afirmaba que la normativa “podría obstaculizar indebidamente la comunicación sobre sostenibilidad mediante procedimientos excesivamente complejos, costosos y con una alta carga administrativa”.
Ante la sorpresa generada por esta decisión, una portavoz de la Comisión Europea matizó que la retirada de la ley solo se concretará si se mantiene una enmienda específica recientemente introducida. "Una de las prioridades de esta Comisión es reducir las cargas administrativas para las pequeñas empresas", afirmó.
El objetivo de esta directiva era ayudar a los consumidores a comprender mejor las afirmaciones de sostenibilidad. Si un producto se publicita como ecológico, debe poder justificarse. La marcha atrás de la presidenta Ursula von der Leyen ha sido duramente criticada por algunos de sus socios políticos, quienes la acusan de “debilitar el compromiso ambiental” y de “retrasar los avances en materia de protección medioambiental”. Esta decisión se suma a otros retrocesos recientes, como la flexibilización de los objetivos de reducción de CO₂ para vehículos, la postergación de la normativa contra la deforestación importada y la reducción del alcance del mecanismo de ajuste por carbono.