A partir del 1 de enero de 2026, Francia ha activado oficialmente una prohibición histórica del uso de sustancias per- y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas internacionalmente como “forever chemicals” por su permanencia en el medio ambiente, en productos de consumo para los que ya existen alternativas. Esta medida afecta particularmente a cosméticos, prendas de vestir, calzado y otros bienes de consumo, y se ha diseñado como una respuesta proactiva a los crecientes riesgos para la salud y el entorno que plantean estas sustancias.
Los PFAS son compuestos químicos sintéticos utilizados desde mediados del siglo XX por sus propiedades antiadherentes, resistentes al agua y a las manchas, y se encuentran en una gran variedad de productos, desde cosméticos y textiles hasta utensilios de cocina o ceras para esquís, debido a estas características. Sin embargo, su capacidad para persistir durante décadas en el medio ambiente ha provocado una acumulación global en suelos, aguas subterráneas, alimentos y organismos vivos, lo que ha motivado una creciente preocupación científica y social.
Estudios recientes han vinculado la exposición crónica incluso a bajos niveles de PFAS con múltiples problemas de salud, como daños hepáticos, alteraciones del colesterol, reducción de la función inmunitaria, bajo peso al nacer y varios tipos de cáncer, reforzando la urgencia de actuar sobre estas sustancias.
La nueva legislación, aprobada por el parlamento francés en febrero de 2025, prohíbe la fabricación, importación y comercialización de productos que contengan PFAS siempre que exista una alternativa disponible, una condición clave de la medida, e incluye además controles reforzados sobre el agua potable, que ahora debe ser analizada de forma periódica para detectar cualquier presencia de PFAS.
Aunque la prohibición abarca inicialmente objetos como cosméticos, ropa y cera para esquís, varios tipos de textiles y aplicaciones industriales se incluirán en un cronograma más amplio que se extenderá hasta 2030. Las excepciones contempladas en la ley permiten el uso de PFAS en prendas técnicas esenciales (por ejemplo, para servicios de emergencia y defensa) o en otros contextos específicos sin alternativas viables.
El texto de la ley también incorpora el principio de “quien contamina paga”: las empresas que emitan PFAS al medio ambiente deberán afrontar un cargo ambiental calculado por gramo emitido, una iniciativa destinada a incentivar la reducción de vertidos y financiar medidas de descontaminación.
Esta regulación coloca a Francia a la vanguardia de las políticas ambientales sobre PFAS, incluso mientras la Unión Europea continúa trabajando en una restricción a nivel comunitario que podría cubrir miles de variantes de estos compuestos en el futuro.
La entrada en vigor de esta prohibición se produce en un contexto de creciente alarma social por la presencia de “químicos eternos” en cuerpos de agua y cadenas alimentarias, así como por iniciativas locales, como restricciones recientes al consumo de agua potable en algunas zonas contaminadas del país, que han alertado sobre la necesidad de medidas más drásticas y coordinadas a nivel europeo.